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Marbella pide 268 años de cárcel para 33 "gilistas"

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El Ayuntamiento de Marbella (PP) presentó el pasado jueves su escrito de acusación por el caso Saqueo II, en el que implica a 33 personas, los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, además de ex ediles y técnicos de la época gilista. Se les acusa de los delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, y falsedad en documento mercantil y contra la Seguridad Social.

El PP solicita un total de 268 años de cárcel y cifra la responsabilidad civil en 71.574.530 euros. Para Julián Muñoz, reclama 13,5 años de prisión y 20 de inhabilitación, y para el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, 10 de cárcel y 15 de inhabilitación.

Los mecanismos que utilizaban los antiguos responsables municipales para desviar dinero no dejan de sorprender. Un solo ex concejal, el ex futbolista Tomás Reñones, llegó a percibir en 1999 con cargo a las arcas municipales 10.530,51 euros en concepto de kilometraje. Cobró fuel para realizar 293.325 kilómetros, 7,3 veces la circunferencia del globo terrestre. Es sólo un ejemplo.

El escrito certifica 93 hechos delictivos acaecidos entre 1994 y 1999, en el que destaca el caso Monteverde, en el que se detalla cómo el arquitecto Carlos Monteverde facturó a través de la sociedad municipal Gerencia de Obras proyectos nunca realizados por valor de 41.818.422,22 de euros. El descaro era tal que se copiaron proyectos como el del Parque Asterix en Francia tan sólo cambiándole el nombre.

El Ayuntamiento paralelo creado a través de sociedades municipales tenía ya en estos años pocos disimulos. El hoy prófugo Carlos Fernández cobró en 1997 la cantidad de 30.000 euros, cuyo único concepto eran “cheques al portador”, mientras que el ex regidor Julián Muñoz se embolsó 24.000 euros para “gastos de navidad”, personales, claro.

El pueblo engordaba las deudas con Seguridad Social y Hacienda mes a mes y ellos vivían a cuerpo de rey. Una permuta realizada desfavorablemente entre el Ayuntamiento y el hotel Pueblo Andaluz fue solucionada cediendo el establecimiento el uso de cinco habitaciones durante cinco años. Es fácil imaginar quiénes las disfrutaron. Y el fallecido Jesús Gil facturó 50 millones de pesetas para las reformas que su hijo y entonces alcalde de Estepona había realizado en el despacho consistorial de la localidad vecina.


Y nosotros nos preguntamos, ¿recuperará Marbella el patrimonio expoliado? El debate queda abierto.

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